FORMULAR un proyecto de ley entraña una delicada responsabilidad y solo debe hacerse luego de completada una etapa de investigación y consulta. Generalmente, una labor como esta la desempeña un grupo amplio de personas, apoyadas en recursos institucionales y durante un espacio de tiempo que debe ajustarse a las circunstancias y a la naturaleza del trabajo preparatorio. Un anteproyecto de ley formulado con criterios técnicos adecuados, fundamentado en conceptos claros, organizado en una estructura lógica y sistemática, con un lenguaje sencillo y apropiado, libre de errores e inconsistencias, es un buen comienzo para un debate público -y el que se suscitará en la Asamblea Nacional- mas nunca su reemplazo. A lo largo de los años he participado en debates legislativos en distintas comisiones legislativas y he sido honrado con la cortesía de sala del Pleno para apoyar y los debates y esclarecer conceptos. No me ha tocado presenciar hasta ahora una sola situación en la que los diputados hayan aprobado un proyecto ley sin hacerle antes algún tipo de cambios. Digo esto porque se escucha con frecuencia una queja contra las comisiones mixtas (gobierno y sociedad civil), en el sentido de que que los consensos extra-legislativos buscan después evitar los debates entre los diputados y convertir al Órgano Legislativo en un gran sello de goma. No digo que la situación no se haya dado; sólo apunto que regularmente los diputados discuten los proyectos y los cambian a su parecer, el cual esta condicionado por expresiones y presiones del público o de sectores sociales organizados, entre otras cosas.
No debe pensarse entonces que la formulación extra-legislativa de propuestas de ley, o de modificación de las leyes, constituyen algún tipo de atentado contra las funciones que la Constitución le asigna al hemiciclo legislativo. Lo que no es lícito pedir a los diputados es que impartan su aprobación oficial sin siquiera discutir las propuestas consensuadas antes o fuera de los debates parlamentarios.
Hagos estos comentarios abstractos con miras a una situación muy concreta: los anteproyectos de Código Penal y Procesal Penal, cuya redacción adelanta una comisión nombrada a tal efecto por el Órgano Ejecutivo, como desarrollo del Pacto de Estado por la Justicia. Como soy uno de los comisionados (ad-honorem), me ha tocado observar una no pequeña serie de informaciones inexactas, imprecisas y desorientadoras que han sido vertidas en los medios, en relación con los proyectos antes mencionados, producto quizás de una prisa injustificada. o de una falta de atención a los detalles.
En los últimos días el goteo noticioso sobre este tema amenaza con crear unas condiciones verdaderamente negativas, que podrían dar al traste con el proyecto de lograr una reforma ordenada en el campo penal. He advertido que un informe técnico presentado a la Comisión Codificadora la semana pasada circula libremente por los principales medios de comunicación, luego de que una entidad no oficial, ni autorizada, lo repartiese como confeti en fiesta de niños, sin la debida aclaración y con un propósito no muy claro.
Así, se ha deslizado una ambigüedad y hay quien tiene la creencia de que ya hay un anteproyecto elaborado por la Comisión Codificadora creada por el Ejecutivo. El mismo día en que un medio destacó la eliminación de la prueba sumaria para proceder a investigar a los diputados, otro aplaudió la mal llamada despenalización de la calumnia y la injuria. Con este ritmo sincopado, mañana podrían discutirse simultáneamente el abigeato, el cohecho y el estupro, con la misma técnica del comentario fácil y aislado. No es difícil darse cuenta de los riesgos que conlleva un debate sin método. Al final, nadie sabrá ni aproximadamente cuál es el estado de la discusión, y reinará el desconcierto y la sensación de malestar.
El cometido de la Comisión Codificadora no es, ni puede ser, discutir públicamente los conceptos vertidos por el comité técnico en su informe. Además de estéril e inapropiada, esta discusión, a la que los codificadores se verían forzados por el camino que vamos, envía un falso mensaje de conflicto. El informe del comité técnico, así como sus anexos, constituye un documento valioso porque ha sido el resultado de la labor conjunta de juristas competentes y conocedores de la teoría y práctica del derecho penal panameño, pero no es más que un documento interno de trabajo de la Comisión Codificadora, pues esta ha incorporado al material en discusión todas las propuestas hechas en los últimos ocho o diez años. También se consulta con frecuencia la experiencia obtenida en otros países del área que se encuentran un poco más adelantados en este proceso de reforma.
Es recomendable que una sociedad pluralista conozca varias propuestas al momento de modificar su ordenamiento penal y procesal penal. Sería deseable que las facultades de Derecho, los institutos, las asociaciones profesionales se involucraran en la producción de propuestas. Sería interesante que los medios reportaran sobre cómo piensa el ciudadano común sobre ciertos temas. Pero no tiene razón de ser promover la discusión pública de un documento preparatorio. El orden que exige el actual proceso requiere que haya unos anteproyectos de Código Penal y Procesal Penal claramente identificados como tales, como productos del Pacto por la Justicia, pues son dichos documentos los que servirán de base para que la Asamblea Nacional inicie los debates correspondientes, y esos documentos aún no existen, pues están en etapa de elaboración por las personas responsables.
En la planificación de sus actividades, la Comisión Codificadora ha previsto reunirse durante las próximas semanas con profesionales y autoridades para escuchar diversas opiniones y lograr la mayor riqueza posible en la propuesta que se le entregará al Ejecutivo. Pero como todo proyecto, estas propuestas requieren su tiempo de maduración, y ello ocurrirá, según lo previsto en el Decreto Ejecutivo que creó la comisión codificadora, en el lapso de tres meses. Entonces se habrá cerrado un etapa y se abrirá otra. Esperemos que prevalezca mientras tanto la sensatez y el deseo de llevar adelante un proceso ordenado.
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martes 21 de febrero de 2006
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