CON LA entrega de los anteproyectos de Código Penal y Procesal Penal al Órgano Ejecutivo la semana pasada, la Comisión Codificadora Nacional concluye una etapa preparatoria de la reforma penal que se planteó en el 2005 como uno de los objetivos del Pacto de Estado por la Justicia. Así, los documentos presentados en el acto oficial del jueves 8 de junio pasado no deben verse como propuestas finales, ni perfectas. Es un trabajo completo solo en el sentido de que abarcan todos los temas que había que desarrollar y no hay silencios ni vacíos producto de la falta del esfuerzo o la deficiencia en el cumplimiento del deber asignado.
Si bien es cierto que recogen el fruto de varios meses de trabajo y de debate entre un número amplio de personas que trabajaron ad-honorem, no por ello las propuestas elaboradas por los comisionados dejan de ser borradores cuya principal misión es facilitar la discusión de la reforma penal.
El Consejo de Gabinete tiene la prerrogativa constitucional de hacer los cambios que estime convenientes antes de presentar dichos anteproyectos ante el Órgano Legislativo, pero, más allá de los detalles que podrían ajustarse, lo que hay que tener claro es que el proceso mediante el cual se consulta y se conversa al respecto con los distintos sectores de la sociedad organizada debe tener lugar en sede legislativa.
Será la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional la que hará la convocatoria nacional y abrirá oficialmente las puertas del debate público. Es de extraordinaria importancia que los diputados, y no solo los que son miembros de la comisión legislativa, presten oído a las exigencias de la sociedad, no para que las obedezcan ciegamente, sino para que durante los debates legislativos respondan adecuadamente a las cuestiones que suscitan polémica.
En esta, como en otras reformas que se desarrollan paralelamente, de las autoridades de gobierno se espera una orientación clara, una coherencia discursiva, y acciones consecuentes, pues es harto difícil que en la sociedad reine la unanimidad de pespectivas. Las percepciones sociales y populares son diversas y muchas veces se contradicen unas con otras, pues los interes particulares también aquí suelen entrar en conflicto.
Aclarado el carácter propositivo de los documentos presentados, toca ahora tanto a la sociedad como al gobierno asumir las responsabilidades que la siguiente etapa implica. No tiene razón de ser la actitud de alarma que nace del desacuerdo con los contenidos específicos de los anteproyectos mencionados.
Hay que proceder a la crítica que busca reemplazar lo bueno por lo mejor a través de una argumentación racional y a esclarecer el núcleo material de la reforma que se quiere llevar a cabo. En este sentido, las propuestas de la Comisión Codificadora Nacional constituyen un supuesto del proceso de reforma penal, que requiere del acompañamiento de otros supuestos.
Todos los actores que intervienen en este proceso deben reconocer sus intereses particulares y comprometerse a que prevalezcan los intereses generales sobre los particulares. Si no se anteponen los derechos de los ciudadanos a los derechos de grupo, por muy válidos que estos pudieran ser, no se estarían cumpliendo con los objetivos de cambio que se han anunciado.
Es de crucial importancia impedir que el proceso de reforma quede secuestrado por intereses subalternos, particularmente los que surgen de la burocracia judicial, cuyas pretensiones de inamovilidad en el cargo, mejores salarios, ascensos, y otros beneficios tienen un sentido perverso si no van acompañados de un régimen de carrera judicial que privilegie la evaluación del desempeño y una selección científica de los recursos humanos realmente dotados de las competencias técnicas que demanda el sistema acusatorio que se quiere implementar.
También hay que darle contenido presupuestario al proceso de reforma. Si, como ha sucedido en el pasado reciente, no se le asignan las partidas presupuestales a la puesta en práctica de la reforma, la sociedad no verá resultados positivos y el proyecto de la reforma judicial se hundirá en un mar de confusiones, lamentos y equivocaciones.
Aunque el marco normativo que rige el Presupuesto General del Estado no contempla la planificación plurianual ni intersectorial, ambos elementos son indispensables para organizar adecuadamente los cambios que deberán tener lugar en los próximos dos o tres años. Ojalá que la Comisión de Estado por la Justicia le dé prioridad a la planificación intersectorial de la reforma, pues el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Órgano Judicial, el Ministerio Público, y los municipios tendrán que coordinar el ritmo de su ejecución presupuestaria, aunque normalmente lo hagan separadamente.
Un buen ejemplo de lo que no se debe hacer lo constituye la accidentada implementación de la Ley 40 de 1999 sobre responsabilidad penal de menores. La implementación de esta jurisdicción lleva seis años de retraso en el interior del país, lo que ha obligado a juzgados que no estaban capacitados, ni dotados de los recursos materiales apropiados, a aplicar un instrumento legal de alta sensibilidad social en ausencia del entorno institucional que la ley suponía. Como siempre, ha sido muy fácil para algunos echarle la culpa a la ley y no llamar la atención sobre la falta de voluntad política.
Una última observación sobre los supuestos del proceso de reforma es la claridad que la sociedad debe tener acerca de sus objetivos. El que espera que estos instrumentos "erradiquen" la delincuencia y la violencia de nuestra sociedad, comete un grave error. Estos anteproyectos solo pueden ser una herramienta para administrar el equilibrio entre dos sistemas distintos, el de seguridad ciudadana y el de garantías y derechos, pero nunca es la solución a los problemas sociales.
Nadie lo ha dicho mejor que Egidio Crotti, un funcionario de Naciones Unidas: "El equilibrio entre seguridad y garantías exige entender que no se pueden resolver los problemas sociales con la política criminal, pero también que los problemas derivados de los delitos no se resolverán automáticamente a través de políticas sociales".
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martes 13 de junio de 2006
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